Por: Luis Rosario
La reciente detención del detective y comunicador Ángel Martínez en Puerto Plata ha generado una ola de especulaciones, reacciones encontradas y una creciente percepción de manipulación política o judicial del caso. Ante este panorama, cabe preguntarse con seriedad: ¿Estamos ante una acción legítima de la justicia o frente a un show mediático orquestado con fines de distracción o represalia?
Ángel Martínez, conocido por sus denuncias controversiales y su estilo provocador, se ha convertido en una figura incómoda para muchos sectores del poder. Su arresto, lejos de pasar desapercibido, fue ampliamente difundido por medios y redes sociales, lo que parece más responder a una estrategia de escarnio público que a un procedimiento judicial normal. La presencia de cámaras, la filtración oportuna de imágenes y la narrativa que se intenta construir parecen más propias de un espectáculo que de un acto de justicia.
Según declaraciones de su abogado, la orden de arresto emitida por el caso que involucra a Guido Gómez Mazara ya habría sido extinguida por el tribunal correspondiente. Actualmente, solo estaría pendiente un caso de rebeldía en la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional. Si esta es efectivamente la única causa vigente, como asegura su defensa, entonces en las próximas horas Ángel Martínez estaría en libertad.
Otro elemento que suma controversia al caso es la forma en que se ejecutó la detención. Martínez estuvo presente todo el día en los municipios de Sosúa y San Felipe de Puerto Plata, moviéndose públicamente sin ser abordado por ninguna autoridad. No fue hasta después de que abordara un crucero con destino internacional que se produjo su arresto, obligando incluso a detener temporalmente la embarcación, generando asombro entre los turistas y llamando poderosamente la atención del público nacional e internacional.
Si hubo alguna falta real por parte del detective, el debido proceso debe prevalecer, sin excesos ni violaciones a sus derechos. Pero si, por el contrario, su arresto responde a una intención de callar voces críticas o de redirigir la atención de la opinión pública, estaríamos frente a una torpeza institucional que mina la confianza en las autoridades.
El pueblo dominicano exige justicia, pero también transparencia y equidad. La justicia no puede usarse como un instrumento para venganzas personales ni para shows políticos.
¿Show mediático o torpeza?
Tal vez ambas. Pero lo cierto es que, en cualquier democracia madura, estos métodos no deben tener cabida.
Luis Rosario .
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