El Tribunal Constitucional (TC) ha dictado una serie de sentencias en las que se ha obligado a las instituciones y a los tribunales una interpretación de las leyes más favorables para los ciudadanos en su reclamo de pensiones.
La señora Nidia María Reyes Montaño reclamaba el pago de la jubilación que le tocaba a su cónyuge por supervivencia ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que la favoreció y ordenó transferirle la mensualidad de 35 mil pesos.
Inconforme, el Inabima elevó un recurso de revisión constitucional ante el TC alegando que la viuda sometió su demanda fuera de plazo y que el fallecido no llegó a autorizar el descuento del 2 % de su pensión como obliga la Ley 379-81 (que establece el régimen de Jubilaciones y Pensiones del Estado Dominicano para los Funcionarios y Empleados Públicos).
Los jueces de esa alta corte decidieron aplicar la doctrina de ilegalidad continuada, a partir de la cual consideraron que el plazo consignado se renueva por versar sobre el derecho a la seguridad social.
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