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El Decreto núm. 162-25 crea el Fideicomiso Público FI-TEPP para la gestión del Teleférico de Puerto Plata, delegando la administración de este patrimonio público a un órgano técnico y a una fiduciaria privada, bajo el supuesto objetivo de eficiencia y sostenibilidad. Sin embargo, la realidad jurídica y política plantea serias preocupaciones sobre esta figura.
Primero, hay que decirlo claro: la Ley 189-11 no fue concebida para regular fideicomisos públicos, y mucho menos con implicaciones patrimoniales y de soberanía sobre bienes del Estado. En este caso, se entrega el control del Teleférico por cuarenta (40) años, de forma irrevocable, con posibilidad de prórroga, transfiriendo todos sus bienes y derechos al fideicomiso como parte del “patrimonio fideicometido”.
¿Quién responde políticamente por lo que ocurra en ese tiempo? ¿Qué garantía tiene la ciudadanía sobre la transparencia y el acceso a la información?
Lo más grave es que esta estructura de fideicomiso opera fuera del marco ordinario del derecho administrativo, evadiendo la Ley de Compras y Contrataciones, los controles de la Cámara de Cuentas y los principios constitucionales de transparencia, legalidad y control del gasto público.
En la práctica, se está sustituyendo la función del Estado por una entidad híbrida, con una Fiduciaria que manejará bienes públicos con criterios financieros y sin responsabilidad política directa. Es una privatización administrativa camuflada.
Aunque el Consejo Técnico está integrado por representantes del Estado y del sector local, la verdadera toma de decisiones recae sobre una estructura que se aleja del control institucional y ciudadano. La figura del fideicomiso, tal como se ha concebido aquí, se convierte en un instrumento de opacidad, centralización y desconexión con el interés colectivo.
Puerto Plata no necesita que le vendan "gestión moderna" a cambio de perder el control de sus activos estratégicos. Necesita institucionalidad, planificación y respeto por la soberanía del interés público.
Un fideicomiso sin ley especial que lo regule es un riesgo. Y peor aún cuando se trata de bienes turísticos que pertenecen al corazón de la provincia.
Luis Rosario
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