Ayer el presidente promulgó el nuevo Código Penal de la República Dominicana. Debió ser un paso hacia la modernidad jurídica y la seguridad ciudadana. Sin embargo, nace con vacíos graves, errores técnicos y concesiones políticas que lo convierten en una oportunidad desperdiciada.
1) Lagunas de fondo
Corrupción administrativa: No conecta de forma integral enriquecimiento ilícito, conflicto de intereses, financiamiento ilícito y fraude en contrataciones. Sin agravantes proporcionales, los grandes casos se diluyen y los pequeños reciben todo el peso de la ley.
Violencia de género: Faltan agravantes específicos y medidas de protección más eficaces. Las mujeres siguen dependiendo de un sistema que responde tarde y mal.
Ciberdelitos y crimen organizado: Tipificaciones incompletas para ransomware, phishing, uso ilícito de criptoactivos y delitos transnacionales. El crimen ya es digital, pero el Código todavía es analógico.
Delitos ambientales: Penas simbólicas y sin obligación real de restaurar el daño causado. La impunidad ecológica sigue intacta.
2) Inobservancias de técnica legislativa
Tipos penales abiertos que violan el principio de legalidad: la ley debe ser clara y precisa, no ambigua.
Desproporción de penas: Se castiga con dureza desmedida delitos menores y con suavidad delitos que atentan contra la vida o la integridad.
Remisiones oscuras a otras leyes que generan inseguridad jurídica.
Plazos de prescripción y caducidad sin uniformidad: demasiado cortos para macrocasos y excesivos para infracciones leves.
3) Debilidades operativas
Cadena de custodia y prueba digital mal desarrolladas, lo que abre la puerta a nulidades y absoluciones por tecnicismos.
Acuerdos y criterios de oportunidad sin controles transparentes, que pueden ser usados para favorecer a determinados acusados.
Ninguna política seria sobre penas alternativas ni programas de reinserción social, lo que significa más cárceles llenas y menos soluciones reales.
4) El show político
La confrontación pública entre el presidente Luis Abinader acompañado por su entorno familiar y Alfredo Pacheco no fue un debate serio; fue un montaje. Una cortina de humo para dar la impresión de confronta, mientras por debajo se aprobaba un texto con concesiones cruzadas.
El Código Penal se usó como herramienta de propaganda, no como un pacto serio de política criminal.
5) Qué procede ahora
1. Acciones de inconstitucionalidad contra artículos que violen la legalidad estricta, la proporcionalidad y los compromisos internacionales del país.
2. Protocolos interinstitucionales (PGR, Policía, Medio Ambiente, Contrataciones) para suplir los vacíos más urgentes en investigación, prueba y persecución.
3. Agenda corta de reformas: paquete anticorrupción robusto, modernización del módulo de ciberdelito, fortalecimiento de las sanciones por violencia de género y actualización de los delitos ambientales.
4. Observatorio ciudadano para medir con datos reales cómo se aplica el nuevo Código (acusaciones, acuerdos, prescripciones).
Conclusión: Promulgar una ley no significa modernizar la justicia. Modernizar es dotar al país de herramientas claras, equilibradas y aplicables que fortalezcan el Estado de Derecho. Hoy, la República Dominicana tiene un Código Penal nuevo… pero con los mismos problemas viejos.
Luis Rosario
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